Prestar un servicio implica la convergencia de muchos detalles para que el resultado sea definido por su calidad, aunque no se resuelva el problema. Digo esto porque no es la primera vez que enfrento una situación en la cual siempre me pregunto: ¿Tumbo catao y pongo quinqué?

Hace unos días un técnico de refrigeración, del servicio estatal, llegó a la vivienda de una amiga y sin reparar en las advertencias ofrecidas por la cliente sobre la posibilidad de que la máquina estuviera en corte –como previamente se había informado en el reporte- procedió a conectar el equipo… Las consecuencias produjeron un desastre: el interruptor (breaker) saltó pulverizado y la casa quedó sin energía eléctrica.

El técnico, sin inmutarse, recogió todo y se marchó. Posteriormente, la afectada, atónita, llamó al taller y recibió una “bofetada” que la enmudeció. La conclusión del jefe, vía telefónica, fue que para reparar el equipo debía adquirir un motor nuevo ya que aquel estaba quemado… ¿Dónde, cómo, y a qué precio puede un trabajador estatal adquirirlo?

De inmediato debió salir a buscar, a deshora y contra cierre de los establecimientos, el breaker para restablecer el fluido eléctrico en su hogar. Por supuesto, incurrió en altos gastos adicionales, no previstos, por el costo de estos aditamentos eléctricos y encontrar el electricista que realice el trabajo por un precio razonable.  

Me pregunto: ¿Acaso no existe una protección al cliente a través de la cual se resuelvan estos daños colaterales provocados? ¿No poseen nuestros técnicos la instrucción o tecnología para diagnosticar dichas averías sin provocar otras afectaciones mayores? Lo cierto es que el problema lejos de resolverse empeoró y mi amiga agraviada se encuentra desamparada ante una situación tan común como inesperada.