Muy lamentable resulta para los latinoamericanos y caribeños que la nación hermana de Colombia cuente hoy con uno de los mayores índices de violencia y víctimas de guerras y asesinatos de líderes sociales, campesinos, e indígenas, del continente.

Al mismo tiempo preocupa a la opinión pública interna y foránea que el presidente Iván Duque no avizore poner fin a la lacerante situación existente en buena parte de ese territorio la cual provoca inseguridad y precaria vida a miles de habitantes, a la vez que aleja las posibilidades de convivencia armónica entre sus compatriotas.

Esta administración ha quebrantado varios postulados de los Acuerdos de Paz aprobados entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Ejército del Pueblo, FAR-EP, en La Habana, con participación internacional que incluye Estados garantes y observadores extranjeros, con la anuencia de la Organización de Naciones Unidas.

La postura de Duque contradice la voluntad expresa del pueblo colombiano que durante años ha dado muestras fehacientes de anhelar la paz y apostar a un mayor desarrollo económico, con equidad para todos los pobladores, algo que mucho difiere de los propósitos y acciones del gabinete que lidera su dignatario, luego de unos ocho meses en el poder.

Las manifestaciones de la denominada Minga Social en el Cauca, movilizaciones populares reprimidas violentamente por las fuerzas del orden y que ya cuenta con víctimas civiles, denota la falta de voluntad política por solventar esta problemática en la cual se constata las difíciles condiciones de supervivencia de los ciudadanos de esta y otras zonas del campo, y la periferia.

Mientras el mandatario colombiano se dedica a conspirar y apoyar actos ilegítimos y de carácter subversivo contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, sus pobladores sufren de la extrema violencia impuesta por comandos del ejército en varias regiones, a lo que se suma el proceder impune de paramilitares y delincuentes que asesinan o irrumpen en comunidades, atacando a líderes sociales y ex miembros de las FAR-EP, sin contención alguna por parte del gobierno que debía erradicar esos actos de lesa humanidad.

No olvidar que miles de partidarios e integrantes de la Unión Patriótica y otras organizaciones progresistas y de izquierda en Colombia han sido masacrados, desaparecidos y asesinados en las últimas décadas, y la inmensa mayoría de los responsables aún no han sido juzgados.

Existen muchas heridas abiertas y un proceso de reivindicación de víctimas y concordia en peligro, privando a millones de compatriotas del derecho a coexistir con una plena y definitiva paz, esa que a gritos solicitan los hombres y mujeres de esa tierra y también de América, esperanzados en un mundo mejor, sin guerras ni intervenciones militares como las que tradicionalmente impuso Washington en el hemisferio.

Es hora de que el odio, los resentimientos e imposiciones de sistemas políticos, sociales y económicos transiten al pasado, y se promuevan nuevos tiempos basados en la colaboración solidaria y complementaria que sin dudas, beneficiaría a todos en esta región tan desigual.

Cada pueblo tiene derecho a su autodeterminación sin injerencia extranjera y particularmente es imprescindible el respeto a la soberanía de otras naciones para alcanzar los objetivos previstos por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al declararse como Zona de Paz, única manera de lidiar con la diversidad de formas de pensamiento presentes en esta área geográfica, y en el mundo.

Erradiquemos la violencia y fomentemos los tambores de paz, (canción que tan sabia y previsoramente anuncia la multinacional Telesur), y que puede servir a una oportuna reflexión de esta humanidad, hastiada de beligerancias que acompañan muertes, sangre y destrucción, casi siempre por mezquinos intereses geopolíticos y económicos como se constata con la descocada campaña imperial protagonizada por la Casa Blanca y la ultra reaccionaria oposición de derecha contra Venezuela, territorio con vastos recursos naturales.

La historia recoge decenas de ejemplos de naciones prolíferas que fueron devastadas por esos indignos objetivos; Libia, Iraq, Siria, Afganistán, y muchos otros han sido víctimas de esas macabras estrategias, y ninguno ha vuelto a alcanzar los altos índices de desarrollo humano que otrora, tuvieron. Todo lo contrario, potencian ingobernabilidad, desunión, pobreza y desarticulación de estructuras, saqueos, y destrucción de identidades y patrimonios.
Eso es lo que en la práctica han dejado las incursiones armadas de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y Washington, a otros pueblos.

Basta de crímenes y genocidios contra poblaciones enteras. Las sanciones, bloqueos y asedios como los que acostumbra aplicar Norteamérica, pueden provocar consecuencias desastrosas, inimaginables, además de desestabilizar regiones como las constatadas en el Oriente Medio.

Pero además, traen consigo oleadas migratorias sin precedentes, de las que no escapan naciones desarrolladas de Europa, y en este contexto tampoco, los Estados Unidos de América. De ahí lo importante que resulta se imponga el raciocinio y la buena vecindad, y no las campañas mediáticas de los medios de comunicación occidentales, algunos de los cuales fabrican burdas mentiras para secundar las guerras de exterminio en masas contra países independientes.