La opinión pública internacional y esencialmente las Naciones Unidas y los países garantes de los Acuerdos de Paz establecidos con la FARC-EP, están constatando cómo se aleja la posibilidad de alcanzar una paz duradera y definitiva por la irresponsabilidad y el servilismo del presidente Iván Duque a intereses guerreristas como los que promovió el extinto dignatario de esa nación, Álvaro Uribe y su protector, Washington.
Sin embargo, ese indigno accionar tendrá un costo político muy alto ante la inmensa mayoría de los colombianos que ven frustrados sus anhelos de disfrutar de un ambiente armónico, solidario y de colaboración para el desarrollo y bienestar de sus familias.
¿Cómo puede este representante del Estado colombiano permitir operen desde su territorio, (con pretextos muy gastados y de poca credibilidad como la cacareada “ Ayuda humanitaria” a Venezuela), que delincuentes pagados, guarimberos u opositores a la República Bolivariana sin respeto alguno por la vida humana ejecuten actos vandálicos y terroristas con lanzamiento de cocteles molotov y empleo de la violencia contra vehículos, personas, periodistas y militares que salvaguardan la frontera de la Patria? ¿Qué opina el Congreso y sistema judicial de ese país que hace mutismo ante esas garrafales violaciones de las leyes?
Con esas maniobras injerencistas y de apoyo a los que tratan de imponer el terror y la violencia fascista, Duque quebranta el derecho internacional y la propia Constitución de Colombia. Se burla de los principios que deben regir en el Congreso y sistema judicial de esa nación concebido para sustentar la concordia e implementación de la paz, y no para azuzar beligerancias con pueblos vecinos por complacencia al imperio estadounidense y a las oligarquías que utilizan, descaradamente y sin contención alguna, al territorio colombiano como punta de lanza contra Estados soberanos e independientes.
Durante los acontecimientos del sábado 23 de febrero en la frontera pudieron observarse cómo policías del lado colombiano miraban pasivamente el accionar punible de un grupo de malhechores encapuchados que desde la parte colombiana lanzaban artefactos incendiarios y empleaban envases con combustible para fines criminales contra efectivos de la guardia bolivariana y también civiles que se encontraban del lado fronterizo venezolano.
Y todo ello se hizo a la vista del personal de inmigración y policías de la República de Colombia, suceso que desacredita a esas autoridades parcializadas con los infractores de las leyes, con los delincuentes.
Quizás los medios de comunicación deberían investigar entre los pobladores del Chocó, Cúcuta, la Guajira y otras zonas (que precisan de ayuda humanitaria urgente y de verdad, por factores que conoce el Parlamento y ejecutivo colombiano), si están de acuerdo en continuar siendo víctimas de la desatención social que viven por parte de su gobierno. En esas áreas hay prevalencia de pobreza, indigencia, analfabetismo, desempleo, violencia y profunda explotación del hombre por el hombre. Y sin embargo la administración de Duque no ha sido capaz de instrumentar un programa serio de socorro a esas poblaciones.
También existen fehacientes ejemplos de la inmoralidad y obcecación que envuelve al llamado Grupo de Lima el cual solo sesiona con representantes de los Estados Unidos y bufones golpistas de América desesperados por atacar a la tierra de Bolívar. Estos personajes que han extraviado la dignidad evaden ante sus coterráneos y el mundo las decenas de problemáticas que en lo interno tienen en sus países, y para lo cual tampoco son competentes para avizorar soluciones.
Si todos estos entes injerencistas obedientes de la Casa Blanca y su lacayo por excelencia en la Organización de Estados Americanos, Luís Almagro, se ocuparan más de potenciar la real colaboración complementaria, el proceso de integración dentro de las diferencias y apostar al desarrollo con paz e independencia, sus pueblos lo agradecerían con creces.
Pero millones de ciudadanos de los que cohabitan estas latitudes están hastiados de Golpes de Estado, intervenciones militares, usurpaciones de poder de manera anticonstitucional, de las hondas injusticias sociales que agobian a poblaciones enteras de buena parte de América latina, la región más desigual del planeta por las tradicionales políticas de saqueo y expoliación de los recursos por parte del colonialismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje y segregacionista que quieren imponer al continente.
Las naciones verdaderamente soberanas jamás aceptarían el tutelaje de potencias foráneas que solo aspiran, (como revela el accionar de EE.UU.), robar recursos pertenecientes a Venezuela y al resto de Latinoamérica que considera, su traspatio.
Resulta muy repugnante observar cómo Washington, violando todos los convenios jurídicos establecidos, despoja a esa nación del sur del continente de la sucursal de PDVSA, CITGO, ubicada en su territorio y congela de manera antihumana y deshonesta, recursos financieros de la República Bolivariana que podrían servir para alimentar y seguir ofreciendo servicios gratuitos de salud y educación, a millones de niños, mujeres y hombres de ese país.
Es un crimen de lesa humanidad lo que de forma hipócrita y “encarnando a Lucifer”, organiza el Grupo de Lima, la desprestigiada OEA y la administración de Donald Trump, otra que tiene bastantes asuntos internos por resolver en vez de dedicarse a interferir, sistemáticamente, en los asuntos internos y la autodeterminación de otras naciones.