De insólita y violatoria del derecho internacional solo puede catalogarse la actitud de la Casa Blanca, con respecto a Venezuela.
No solo contribuyen ilegalmente a orquestar la autoproclamación de un señor desconocido por la inmensa mayoría de los ciudadanos del país y del mundo como “Presidente Encargado”, al ente opositor Juan Guaidó, soslayando que ya existe un dignatario oficial, Nicolás Maduro, elegido democráticamente en las urnas, a diferencia del personaje sicario de Norteamérica que denota ser un peón del amo yanqui y de su sucursal en la región, la desacreditada Organización de Estados Americanos.

Washington por su sed de beligerancias podría crear uno, dos y tres Vietnam en América. La administración que preside Donald Trump en Estados Unidos, inmersa en disímiles conflictos internos, no cesa en su empeño de destruir la Revolución Bolivariana, empleando para ello estrategias ignominiosas, carentes de toda ética, como resulta ser el insólito robo al patrimonio financiero de esa nación del Sur por concepto de la venta de petróleo atesorado en bancos estadounidenses.

Se viola flagrantemente la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Y lo que es peor, en esta verdulera y vergonzosa cruzada anti venezolana existen países de Latinoamérica, fundamentalmente aglutinados en el denominado Grupo de Lima, algunos de los cuales han sufrido vejámenes, invasiones y humillaciones por parte de EE.UU. Y aún así, apoyan al ávido imperio por temor a represalias y chantajes, haciéndose cómplices de una escalada guerrerista que a muchos podría salpicar.

Resulta inmoral dar ultimátum a un Estado soberano e independiente que decidió su destino en sufragios con notable apoyo del pueblo al proceso bolivariano. Ni Europa, ni la OEA, tienen autoridad jurídica para amenazar e intimidar a nadie, y deberían revisar cada uno de los graves problemas internos que tienen en sus territorios antes de intervenir en los asuntos internos de otros, los cuales tienen millones de ciudadanos dispuestos a defender su derecho a elegir el sistema político, económico y social que consideren más justo para su población.

Y causa indignación en hombres de buena voluntad que conocen y palpan cotidianamente la realidad de Venezuela, ver cómo medios de comunicación al servicio de las oligarquías trasmiten colosales disparates e invenciones sobre la democracia en ese país, al tiempo que ignoran la Constitución de la República con el objetivo de desacreditar a ese gobierno que tanto ha legislado durante este decenio a favor de los más pobres y las grandes mayorías de ciudadanos, antes olvidados.

El absurdo adquiere tal dimensión que llegan a hablar de secuestros de niños por parte de los bolivarianos, necedades que solo pueden creer los que han sido intoxicados dañinamente por la letal y cínica propaganda organizada desde la Casa Blanca y sus sicarios en la región, con el fin de destruir esa Revolución.

La paz, el diálogo y la convivencia en las diferencias es lo que debe prevalecer. Los que opinan contrario, se hacen instrumentos de las maquinarias de muerte erigidas por Washington para sustentar el sometimiento de los pueblos, y especialmente para seguir saqueando recursos naturales, sembrando miseria, analfabetismo, insalubridad, desempleo, inequidad, y subdesarrollo en las tierras del Tercer Mundo. Y en el caso de América Latina y el Caribe seguir manipulando sus riquezas, al considerarlo su traspatio.

Los gobiernos de este continente, aún con formas de pensar muy distintas, deben respetar la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como Zona de Paz. De seguro es la única forma viable para la armonía, colaboración, y contribución al desarrollo sostenible que demandan los millones de habitantes, desde el Río Bravo hasta la Patagonia.