Los hechos de violencia que acontecen en la hermana República de Colombia alejan cada vez más las posibilidades de una paz duradera como la intentada con la activa participación de la comunidad internacional y el protagonismo del gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Ejército del Pueblo, FAR-EP, organización hoy en proceso de integración a la sociedad.

Este anhelo contó también con la voluntad mayoritaria de los colombianos hastiados de conflictos internos que dañan el desarrollo armónico y sostenible de la economía y frenan las ansias de erradicación de la pobreza y otros flagelos que aún persisten en departamentos de ese territorio.

Lamentablemente recientemente se produjo un atentado en una academia de policía que costó la vida a decenas de miembros de esa institución y dejó un saldo considerable de heridos. El abominable acto tiene la repulsa de todos los hombres y mujeres de buena voluntad por cuanto el suceso vulnera lo más preciado, la vida humana, y contribuye a echar más leña a un fuego que viene precedido de beligerancias históricas que debían estar ya, totalmente extinguidas.

El actual presidente Iván Duque y algunos representantes de las instituciones armadas han expresado y dan por afirmado que la otra guerrilla activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es esta vez el responsable de este crimen. Sin embargo, pudiese ser muy apresurada esa aseveración mientras no existan pruebas concluyentes, como corresponde investigar ante un acto terrorista de esa envergadura.

Así mismo han sido canceladas las posibilidades de diálogo con el ELN, protocolo oficial vigente entre las partes desde la anterior administración, el cual si avanzara podría constituir un eslabón decisivo en la consumación de la paz y tranquilidad ciudadana que demanda ese pueblo. Los colombianos vienen sufriendo sistemáticos quebrantos de los derechos humanos con asesinatos selectivos de líderes sociales, campesinos, ex miembros de las FAR-EP, así como de dirigentes progresistas e izquierda a lo largo de los años, y desde el pasado siglo.

Lo más prudente y conveniente resultaría, -en nuestra opinión-, avanzar en todos los aspectos de la investigación con las comprobaciones y pruebas pertinentes legalmente establecidas por los sistemas judiciales e iniciar los procesos correspondientes a quienes incurrieron en esa barbarie.

Exacerbar más odios y venganzas no solucionará los acuciantes problemas que demanda la paz en esa nación que tiene en su haber el record de guerra interna y presencia de guerrillas más larga del continente. Y cuando parecía acercarse el fin de las beligerancias se produce un mayor nivel de violencia y suscitan acciones de lesa humanidad.

Debe imponerse la justicia con imparcialidad hacia los verdaderos causantes de todos los crímenes. Recordar que no está extinguido en campos ni pueblos fronterizos el desalojo de poblaciones, los abusos, asesinatos, y las manifestaciones de falsos positivos, tampoco la presencia de paramilitares, delincuentes y bandas criminales que lastimosamente siguen operando en determinadas zonas y han sido denunciadas por residentes de esos lugares y también por familiares de las víctimas asesinadas que aún esperan sean condenados los culpables.

La concordia debe constituir una prioridad en cualquier sociedad, así como la aplicación de justicia por igual para todos los ciudadanos. De ahí la importancia que reviste salvaguardar los acuerdos y protocolos de paz, y con la participación de la ciudadanía acercar el fin de los conflictos internos, aún existentes.

América Latina y el Caribe refrendaron con la anuencia de todos los gobiernos de la región la declaración de Zona de Paz. Y ello no es un simple slogan, constituye una necesidad para potenciar el desarrollo armónico de las fuerzas productivas en cada uno de los países y alcanzar mayores niveles de desarrollo, con equidad social e independencia que permitan ofrecer mayor bienestar a los millones de habitantes de estas tierras ancestrales que tanto añoran vivir con seguridad, y buena vecindad.