La campaña de desinformación y criminalidad orquestada contra el noble pueblo de Venezuela, debe cesar. Los responsables de actos terroristas contra ese país precisan de respuesta y repulsa por parte de la comunidad internacional, y no de sanciones absurdas que dañan a la población.

América Latina y el Caribe fueron declarados como Zona de Paz atendiendo al interés de sus pueblos en fomentar con sostenibilidad el desarrollo económico, y una mayor equidad social. Pero para alcanzar el tan anhelado objetivo que beneficia a la región en su conjunto es imprescindible finalicen las estrategias de violencia e injerencia foránea que algunos gobiernos tratan de imponer.

Generalmente los comprometidos con acciones indecorosas e impúdicas son quienes organizan y financian esos sucesos de lesa humanidad, y por ende silencian e intentan desvirtuar, lo acontecido recientemente en la República Bolivariana mientras se celebraba un evento militar y público en Caracas, con la participación de miles de personas.

El uso de drones activados con explosivos durante la actividad conmemorativa puso en peligro la vida del Presidente legítimo de esa nación, Nicolás Maduro, y también de miles de hombres y mujeres allí presentes. La maquiavélica operación orquestada por extremistas pretendía ejecutar al dignatario y consumar un asesinato masivo.

Lo ocurrido constituye una barbarie y particularmente, un peligroso precedente para el mundo civilizado, por lo que debía considerarse la activa participación de la ONU y sus instituciones especializadas para coadyuvar, en el menor tiempo posible, al esclarecimiento del suceso.

Según declaraciones de varios de los implicados en el pretendido atentado, ellos recibieron en otros países preparación y avituallamientos para acometer la acción terrorista. Algo muy serio y preocupante en leyes del derecho internacional es que los complotados encarcelados aluden al uso del territorio de Colombia con la anuencia de ese gobierno, entonces presidido por Juan Manuel Santos y también con la venia de otras administraciones, muy críticas del proyecto bolivariano las cuales, lamentablemente, no siempre tienen en sus territorios una adecuada política de respeto a los derechos humanos.

Igualmente se han publicado denuncias sobre cómo algunos Estados del área cobijan todavía a autores intelectuales y materiales de la tentativa de magnicidio, lectura recurrente sobre el grado de degradación moral de algunos representantes de las oligarquías de turno en el hemisferio.

Todo indica que estamos en presencia de un comprometido y muy grave quebranto de las leyes y el derecho internacional instrumentado por Naciones Unidas. De ahí la importancia que ese organismo investigue y dicte las medidas pertinentes que correspondan, no solo contra los terroristas, sino además contra quienes crían y pagan a mercenarios para promover golpes de Estado, desestabilizar países, y en nombre de la “democracia”, asesinar seres humanos.