El pueblo cubano contará próximamente con una nueva Ley Electoral; su proyecto ya se debatió con todos los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), quienes se reunieron para esclarecer y proponer planteamientos puntuales.

Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, destacó que este proyecto está acorde y responde a la actual Constitución de la República, la cual en su primera disposición transitoria establece que, antes del plazo de seis meses después de haber entrado en vigor, la ANPP apruebe una nueva Ley Electoral, en la cual se regule la elección de los cargos fundamentales del Estado.

Los principales cambios son la creación de un Consejo Electoral Nacional, además de consejos electorales a nivel provincial y municipal, en composición colegiada y con subordinación vertical; y se reconocen 2 tipos de elecciones: las municipales para los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y otra de carácter nacional para los diputados a la ANPP, con una diferencia de hasta 1 año entre ambos procesos.

Balseiro abordó otras diferencias, entre ellas la nominación y elección de la dirección de la ANPP, de los demás miembros del Consejo de Estado y del Presidente y Vicepresidente de la República, a realizarse a propuesta de la Comisión de Candidaturas Nacional y por el procedimiento tradicional.
Asimismo, se propone una proporción de diputados por habitantes, sin afectar la representación en la base: un diputado por cada 30 mil habitantes de un municipio o fracción mayor a 15 mil. Con esta propuesta se reduce el total de diputados a 474, lo que representa 131 menos que los aprobados para la actual Legislatura.

Foto: Endrys Correa Vaillant

La elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales se realizará simultáneamente en todo el país, en la fecha definida por el Consejo de Estado y se organiza por los Consejos Electorales en los diferentes niveles. En este propio acto se constituye el Gobierno Provincial, integrado por el Gobernador, el Vicegobernador y el Consejo Provincial y cesan las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

En cuanto a los delitos electorales se propone mantenerlos en la Ley hasta que se promulgue el nuevo Código Penal, incrementando los marcos sancionadores; en espera del nuevo código se encuentran también planteamientos de los diputados referidos al derecho al voto de las personas sancionadas.

El Registro Electoral será una estructura independiente, con una base de datos propia y actualizada con la información que le tributen instituciones como el Registro de Identidad, tribunales, registros del Estado Civil y establecimientos penitenciarios.

Se mantendrá lo previsto en la actual Ley referente al voto en el exterior de forma abierta, y se incorporará este mismo principio para los plebiscitos. En dependencia de la situación y el tipo de consulta, se definirá por el Consejo Electoral Nacional a qué sujetos alcanza.

De igual manera, el papel de los supervisores y colaboradores se agregará a la ley de forma diferenciada, en correspondencia con la labor que desempeñan. Esta inclusión responde a la importancia y participación de los estudiantes universitarios y de la enseñanza media en los procesos electorales.

Un cambio significativo constituye que solo se hará mención al término residencia, en sustitución de residencia permanente que no corresponde a los ciudadanos cubanos, manteniendo los periodos de 2 y 5 años para elegir y ser elegidos respectivamente.

Con respecto a este último aspecto, los diputados de Matanzas, Mayabeque, Isla de la Juventud y La Habana debatieron profundamente sobre la pertinencia de ponerle un apellido al término residencia; así como que los cubanos en el extranjero reúnan las condiciones para ser elegidos pues los delegados y diputados deben conocer y representar los intereses de su comunidad.

Definir un período de estancia en el país para ser seleccionados fue una de las propuestas para esclarecer esta situación; aunque otros diputados alertaron de no excluir a aquellos que por trabajo (como los colaboradores médicos) se encuentren fuera y se refirieron a la confianza en los habitantes de cada territorio pues ¿quiénes mejores que ellos para saber qué persona tiene un vínculo con su realidad?

Otras opiniones correspondieron a la ética electoral, en la cual se solicitó la no utilización del ciberespacio para la difamación política y la divulgación de noticias falsas; y la posibilidad de que la Comisión Electoral contrate un equipo profesional para la creación de la campaña comunicativa de estos procesos.