La respuesta jurídico penal a los delitos ejecutados que afectan la economía del país, específicamente los relacionados con el robo de combustible y de materiales de la construcción centró el tema de la conferencia de prensa ofrecida este viernes por el presidente del Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana, Jojanier Sierra Infante.

Se encontraban presentes también las vicepresidentas en funciones Isabel Rojas Sanjudo y Liliana Pérez Castillo, así como Daylín Gozá, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal (resuelve hechos asociados a los delitos económicos), Ana Yuly Mojena, presidenta de la Sala de lo Laboral y Gretchen Amaya Linares, presidenta del Tribunal Municipal Popular de Playa.

Foto: Blog Guayacán de Cuba

Sierra Infante explicó que como política del Estado y del Gobierno  que inciden directamente en el bienestar de la población está el enfrentamiento al delito y la corrupción, asociados al desvío de combustible y materiales de la construcción.  Son cuantiosas las pérdidas económicas debido a la sustracción del preciado líquido. Los delitos relacionados están asociados principalmente al incumplimiento de las normativas vigentes de almacenaje, uso, distribución y control.

En el primer trimestre del año, se han procesado por el delito de robo de combustible 12 causas firmes y se han decretado 16 sanciones, 13 de los cuales conllevan a la pena de encierro. 

Todos han sido juzgados cumpliendo  las formalidades y garantías procesales en el enjuiciamiento de una persona, “desde los tribunales tenemos que hacer justicia y esta se logra con transparencia”, expresó Sierra Infante.

Resaltó que la mayor cantidad de hechos delictivos de este orden están relacionados con el transporte público, “hay una marcada presencia de sustracción de robo de combustible en las terminales de ómnibus y esto impacta en la población de manera negativa”, comentó.

Como resultado de esta situación, los Tribunales Municipales donde más hechos de este tipo se han conocido son: Playa, Marianao, La Habana del Este y Diez de Octubre. Mientras que entre las entidades estatales involucradas se encuentran la Terminal de Ómnibus Diezmero, La Fortuna, Bahía y la UEB MAP Refinería Ñico López.

Asimismo, el presidente alertó a los transportistas particulares (boteros) que en muchas ocasiones no tienen los chips de combustible que justifican su consumo, y enfatizó que “en Cuba hay una sola institución que vende el combustible, por lo que todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a comprarlo legalmente a Cupec".

Agregó que se ejercerá el arbitrio judicial con pleno respeto a lo previsto en el Código Penal, garantizando una administración de justicia en la que no haya espacios al exceso ni a la impunidad.   
Por su parte, Daylín Gozá expresó que estos hechos delictivos tienen como elementos comunes el deterioro de valores éticos, el irrespeto a los derechos de los demás, la prevalencia de actitudes que para enriquecerse convierten el apoderamiento de recursos materiales y financieros públicos en un modo de vida con “autojustificaciones” inconcebibles, pero como resultado en cada actuación diaria, en cada asunto y ante cada persona, continuemos generando la confianza de nuestro pueblo.

Sierra Infante resaltó que es importante señalar que se aplica la justicia de contexto, toda vez que se tiene en cuenta la actualidad, así como las circunstancias reales y objetivas del país hoy.