Nos observan, mientras capturan imágenes de la ciudad. Es perceptible el asombro de quienes atraviesan el espacio relativamente corto que separa la parte norte del continente americano para viajar a la Isla. Desde sus pupilas descubren que la vida se expande más allá del agujero negro que significa el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, hace casi seis décadas y que también afecta directamente a los derechos de sus propios ciudadanos.

Las “condicionantes” de la ley extraterritorial, Helms-Burton, como parte del paquete de arbitrariedades jurídicas de Washington agrupadas en el bloqueo contra Cuba, han sido reforzadas a partir de las presiones de la ultraderecha conservadora representada por el gobierno del señor Trump, quien pretende abrir una brecha en las fatuas exigencias de supuestos derechos a quienes arrebataron los recursos naturales del pueblo cubano, bajo la complicidad de gobiernos entreguistas y mafiosos como el del dictador Fulgencio Batista.

Resulta consecuente citar lo dispuesto en el proceso de nacionalizaciones que inició el Gobierno Revolucionario, en el artículo 24 de la Ley Fundamental de 1959, el cual enfatizaba lo siguiente en cuanto a la confiscación "(…) de los bienes del tirano depuesto el 31 de diciembre de 1958 y de sus colaboradores, los de las personas naturales o jurídicas responsables de los delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública, los (bienes) de las (personas) que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público, y los de las personas que fueren sancionadas por la comisión de delitos que la Ley del Poder Público, y los de las personas que fueren sancionadas por la comisión de delitos que la Ley califica de contrarrevolucionarios, o que para evadir la acción de los Tribunales Revolucionarios abandonen en cualquier forma el territorio nacional, o que habiéndole dejado realicen actividades conspirativas en el extranjero contra el Gobierno Revolucionario (…)”.

De esta forma el pueblo cubano obtenía una herramienta legal para la defensa de su verdadera soberanía, amparada en la Resolución No. 1803 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1962, bajo el título: "Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales", considerada entonces como la culminación de una evolución progresiva de consolidación y ampliación del derecho a la nacionalización.